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Demus, Peru

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NOTA DE PRENSA
26 de agosto del 2002
REPARACIÓN A FAMILIARES DE VICTIMA DE ESTERILIZACIÓN FORZADA

Mujer de 33 años fue obligada a esterilizarse bajo amenazas de funcionarios

del Ministerio de Salud en 1998.


"Estoy triste porque perdí a mi madre, ahora lavo, cocino, soy como una mamá" dice Pascuala de 20 años, visiblemente asustada y nerviosa al igual que sus 6 hermanos al verse rodeados de cámaras y flashes.Ella, que aparenta no tener más de 15 años, estudió sólo hasta 2 grado de primaria y tiene varias cargas sobre ella. El dolor de perder a su madre,la responsabilidad de criar a sus hermanos y unas profundas cricatrizes en el cuello y el resto del cuerpo, producto de una gran quemadura que sufrió haciendo las labores del hogar.

Está en una ceremonia pública,junto con su padre Jacinto Salazar Suarez y sus hermanos recibiendo una reparación económica y moral de parte del Estado peruano por la muerte de su madre María Mamérita Mestanza.

María fallece a los 33 años, el 5 de abril de 1998, en la comunidad La Encañada en Cajamarca, como consecuencia de una esterilización a la que fue sometida en contra de su voluntad por personal de un centro público de salud. Así pasó a formar parte de las cerca de 100 mil mujeres esterilizadas durante el gobierno fujimorista.

"Nos amenazaban diciendo que si teníamos más de 5 hijos, ibamos presos" dice Jacinto, "ella no quería operarse y cuando se puso mal, no la quisieron atender". Cuenta además que le ofrecieron dinero para que no denuncie.

Ahora la familia ha recibido 80 mil dólares de indemnización, además de otros beneficios como seguro de salud, atención sicológica y acceso a
educación escolar.

"Eso no me devolverá a mi esposa, pero al menos servirá para que no abusen más y para que la gente denuncie a pesar de los obstáculos" , señala Jacinto.

REFORMAS A FAVOR DE LAS MUJERES
La reparación es posible gracias al Acuerdo de Solución Amistosa al cual llegaron los familiares de la victima con el Estado Peruano, luego de un largo proceso llevado ante la Comisión interamericana de Derechos Humanos.
El Acuerdo implica que "el Estado reconoce su responsabilidad y se compromete a iniciar investigaciones administrativas y penales y a realizar modificaciones que eliminen cualquier enfoque discriminatorio, que no respete la autonomía de las mujeres", dijo Alvaro Vidal, Ministro de Salud.

Anel Towsend, Ministra de la Mujer y Desarrollo Humano, señaló que "el caso de Mamerita representa cerca de 200 denuncias que fueron presentadas en 1999 , es una justa reparación y un paso adelante en el reconocimiento de los derechos de las mujeres".

CONVENIOS INTERNACIONALES
El Comité Latinoamericano de los Derechos de la Mujer, conuntamente con DEMUS y el apoyo de otras organizaciones como APRODEH, CEJIL (Centro por la Justicia y el Derecho Internacional) y CRLP (Centro para Leyes y
Politicas Reproductivas , fueron las instituciones que llevaron el caso ante
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Este Acuerdo también implica que el Estado ha reconocido la vigencia del Convenio Belem Do Pará y otras importantes convenciones de reconocimiento de los derechos de la mujer.
"Es una reparación simbólica, justa y necesaria porque el Estado se compromete a respetar la autonomía de las mujeres en materia de salud reproductiva y planificación familiar" señala Pilar Aguilar abogada de DEMUS. Agregó que todo dependerá de lo que hagan las organizaciones para dar seguimiento a lo que queda pendiente de cumplimiento. Por ejemplo, revisar los procesos penales de violaciones de los derechos humanos cometidos en la ejecucion del Programa Nacional de Salud Reproductiva de Fujimori (1996-2000). Además es necesario que se individulicen las responsabilidades y se sancione ejemplarmente a los culpables.

El Acuerdo incluyó también la aceptación de las recomendaciones de la Defensoria del Pueblo sobre la necesidad del monitoreo de la calidad

updated: 7/2/2004